El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley para la trasposición de la Directiva DAC 6 que obliga a los intermediarios fiscales a informar sobre la planificación fiscal agresiva

El Consejo de Ministros celebrado ayer, 13 de mayo, ha aprobado el Proyecto de Ley por el que modifica la Ley General Tributaria para la transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información (conocida como DAC 6). Esta norma comunitaria establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que puedan considerarse como planificación fiscal agresiva y que se produzcan en el ámbito internacional.

 

El objetivo es prevenir y combatir las estructuras de planificación fiscal agresiva de ámbito transfronterizo. Obliga a informar a la Administración tributaria de cada país sobre la existencia de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. De este modo, las administraciones tributarias de la UE podrán intercambiarse información de forma automática en el marco de una normativa que sigue la estela de medidas puestas en marcha en otros países como Reino Unido, Portugal e Irlanda.

 

Las obligaciones de información que establece la normativa están dirigidas fundamentalmente a los intermediarios fiscales (asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras) que serán los obligados a presentar la declaración ante la Agencia Tributaria. Deberán informar de los mecanismos transfronterizos (operaciones, negocios jurídicos, esquemas, acuerdos) que realicen las partes en dos Estados miembros de la UE o un Estado miembro y un tercer Estado. No olvidemos que hasta ahora la denuncia pública en el ámbito tributario era voluntaria toda vez que ninguna ley impone la obligación de denunciar ningún ilícito, fuera de los casos en los que el hecho pudiera ser constitutivo de delito. 

Los intermediarios fiscales tienen la obligación de informar si detectan indicios de planificación fiscal agresiva. Estos indicios se recogen en la propia Directiva e incluye, entre otros:

  • La remuneración del intermediario en función del ahorro fiscal obtenido a través del mecanismo de planificación
  • La adquisición de empresas en pérdidas para aprovechar las mismas fiscalmente
  • Situaciones en donde pagos efectuados son gasto deducible para el pagador, pero no se gravan o se gravan de forma limitada en el perceptor existiendo vinculación entre pagador y perceptor. 


El Proyecto de Ley también regula y reconoce el secreto profesional de los intermediarios. Si hacen uso de esa prerrogativa, la obligación de informar recae sobre el obligado tributario.  


La futura normativa delimitará claramente bajo qué premisas puede utilizarse el secreto profesional con el objetivo de evitar un uso injustificado y desproporcionado que sirva para sortear la obligación de informar sobre estas prácticas.

 

De esta forma, no están amparados por el secreto profesional los intermediarios que diseñan, comercializan, organizan o gestionan la ejecución de un mecanismo transfronterizo de planificación fiscal. Tampoco los intermediarios que asesoren para procurar o facilitar la aplicación de un mecanismo de planificación fiscal.


Por tanto, se limita el secreto profesional a aquellos intermediarios que prestan un asesoramiento neutral con el único objetivo de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable, y sin procurar ni facilitar la implantación de esa planificación fiscal.

 

La obligación de declaración de un mecanismo transfronterizo no implica necesariamente que sea defraudatorio o elusivo, sino únicamente que en él concurren determinados indicios de planificación fiscal que hacen obligatorio presentar dicha declaración.

 

El futuro Reglamento de la Ley desarrollará qué datos se deberán incluir en la declaración de información, aunque la Directiva ya recoge algunos como la identificación de las partes; el resumen de la operación; el valor de la misma; o la fecha de realización.

 

Las declaraciones se presentarán ante la Agencia Tributaria, que remitirá los datos a la Comisión Europea. Allí se clasificarán en un directorio gestionado por la institución comunitaria y será accesible a los Estados miembros a efectos del intercambio de la información.

 

El Proyecto de Ley también incluye, como no podía ser de otra forma, un régimen sancionador por la falta de presentación, presentación inexacta o incompleta de las declaraciones. En concreto, se establece con carácter general, una sanción de 2.000 euros por dato o conjunto de datos omitido o inexacto con un mínimo de 4.000 euros.