Segunda Oportunidad autónomos Hacienda y Seguridad Social.

En esta sentencia la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resuelve, con gran acierto, tres importantes cuestiones relacionadas con el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho al que se refiere el art. 178 bis de la Ley Concursal(en adelante LC).


La primera de ellas es qué ha de entenderse como “deudor de buena fe”. La sala se remite a la concurrencia de los requisitos heterogéneos enumerados en el artículo 178 bis párrafo tercero, desvinculándolo, como lo hace la norma, del concepto general del artículo 7.1 del código civil.

 

De este modo, para que se pueda reconocer la exoneración del pasivo es necesario en primer lugar que, con carácter general y al margen de la alternativa que se tome, el deudor cumpla con las exigencias contenidas en los ordinales 1 .º, 2 .º y 3.º del apartado 3 del art. 178 bis LC : el concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y se haya acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso. Además, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata del ordinal 4.º o la exoneración en cinco años del ordinal 5.º, se han de cumplir otras exigencias propias de esa alternativa.

 

La segunda de las cuestiones se refiere a la posibilidad o imposibilidad de modificar las vías que la ley prevé como alternativas en el artículo 178 bis 3.4º LC - exoneración inmediata- o 5º- exoneración diferida en el tiempo-. La sala considera que el art. 178 bis de la LC no establece un procedimiento rígido para solicitar y obtener la exoneración del pasivo, que presuponga la imposibilidad de variar la opción inicial por una de las dos alternativas legales, la del ordinal 4.º o la del 5.º y que por ello no existe inconveniente en que el deudor opte sobrevenidamente por la alternativa del ordinal 5.º, siempre y cuando se cumplan las garantías legales que permitan la contradicción sobre el cumplimiento de los requisitos propios de tal alternativa.

 

La tercera y última de las cuestiones denunciadas por la Agencia Tributaria en su recurso, y quizás la más novedosa, está relacionada con que el apartado 6 del art. 178 bis LC imposibilita que el plan de pagos pueda acordar aplazamientos o fraccionamientos del crédito público, remitiéndose para ellos a lo dispuesto en su normativa específica.

 

La sala concluye, tras analizar el preámbulo del RDL 1/2015, de 27 de febrero; los antecedentes normativos y los instrumentos internacionales adoptados antes y después de su regulación- en particular la Recomendación de la Comisión Europea de 12 de abril de 2014, sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial y los objetivos perseguidos por la Directiva(UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre acuerdos marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas-, que la norma contiene una contradicción.

 

Por una parte, se prevé un plan para asegurar el pago de aquellos créditos (contra la masa y privilegiados-entre los que se encuentra el 50% de los créditos tributarios y demás de Derecho público, así como los créditos de la Seguridad Social) en cinco años, que ha de ser aprobado por la autoridad judicial, y de otra se remite a los mecanismos administrativos para la concesión por el acreedor público del fraccionamiento y aplazamiento de pago de sus créditos. El Tribunal entiende que, aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a la posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público. Aquellos mecanismos administrativos para la condonación y aplazamientos de pago carecen de sentido en una situación concursal.

 

Esta contradicción hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el art. 178 bis LC (que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda), por lo que, bajo una interpretación teleológica, ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial.

 

El deudor deberá presentar una propuesta de plan de pagos y, oídas las partes(también al acreedor público),  será el juez quien apruebe el plan de pagos, en los términos en que hubiera sido presentado o con las modificaciones que estime oportunas.  Aceptada la propuesta de pagos las administraciones públicas quedan vinculadas al plan de pago aprobado por el juez, no lo pueden modificar.




Podéis revisar esta sentencia en:
http://www.poderjudicial.es/search/openCDocument/f9caf3b37c84304484b8072b28c6b92ae990a694d88e1b2c